Cruzada nacional contra el hambre: Un intento por ayudar a la gran población de pobres que padecen hambre en el país y el derecho a la alimentación.
“Hacia una práctica real de disminuir el hambre en México”
Por José Manuel Cebreros Delgado*
Señalaremos que la FAO comúnmente utiliza la palabra Hambre como sinónimo de desnutrición crónica, aunque también se refiere al hambre como privación de alimentos, o a la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. Para la Cruzada contra el hambre, el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Esta definición de hambre considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia de acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria.
Comenzaremos con decir que la Cruzada contra el Hambre es una estrategia que pretende inclusión y bienestar social de acuerdo al artículo segundo del decreto por el que se establece el sistema nacional para la cruzada contra el hambre, publicado en el diario oficial el martes 22 de enero del 2013 teniendo los objetivos siguientes.
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;
III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Esta iniciativa nacional tiene sus antecedentes en la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en el año 2005, esta iniciativa profundiza los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con una meta específica más ambiciosa en el combate al hambre: propone la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil por debajo del 2.5%, en todos los países de la región al año 2025.
Recalcando que el derecho a la alimentación es un compromiso de los países de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que han ratificado y de las cuales el estado mexicano forma parte.
Este derecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25) y está consagrado con un mayor desarrollo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (art. 11) y como el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre (art. 12). Asimismo, lo amparan tratados regionales como el Protocolo de San Salvador de 1988.
Analizando la estrategia nacional contra el hambre podemos observar que la puesta en marcha no es nada fácil, ya que para combatir el hambre el estado tiene que resolver otros problemas que igualmente inciden en el problema de carencia alimentaria, como son la educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso de las familias, pues en todo caso, el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad no se satisface en la distribución de alimentos, sino que requiere de acciones integrales que coadyuven de manera amplia al abatimiento de la pobreza de la población mexicana.
Concluimos que el derecho a la alimentación, es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria.
Pero en un país como México con los altos niveles de desempleo, inseguridad en el sentido más amplio y bajos salarios, tomara tiempo para que esta política pública internacional y nacional cumpla con sus objetivos.
*Maestro en Estudios Parlamentarios, Académico de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, Presidente de la ALDEUAS y Consejero de la CEDHS
