Editorial

Editorial: N° 50

Por domingo 8 de mayo de 2011 Sin Comentarios

Al cumplir este 5 de mayo 138 años de existencia y de­searle larga vida a la Universidad Autónoma de Sina­loa, es importante reflexionar en torno al papel de las universidades públicas en el desarrollo de nuestras regiones y del país.

Las universidades públicas garantizan al Estado y al país disponer de un capital de conocimiento que le permite to­mar decisiones en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses sectoriales. Sus aportes a la igualdad, la diversidad, el crecimiento cultural, la investigación y la inno­vación, la integración nacional, mundial y regional, al desa­rrollo de una visión especializada e independiente y, en fin, al sentido de ciudadanía y de servicio al país, constituyen bienes públicos irreemplazables para México, a cuya sustentación y desarrollo el Estado debe destinar recursos especiales.

El compromiso de la máxima casa de estudios sinaloense fundada por el ilustre liberal mocoritense Eustaquio Buelna, es preservar y profundizar los principios y valores que deben ins­pirar a la educación pública: el cultivo incondicionado del saber, la búsqueda y la invención, el aprecio al rigor y la superación, la libre expresión de las opiniones, el pluralismo y la no discrimi­nación, el fomento de la ciudadanía y de la democracia.

La responsabilidad de los universitarios sinaloenses es conciliar la calidad con la equidad, porque entendemos que en una institución pública ambas son condiciones y caracte­rísticas indisociables. En ese mismo espíritu, se deben definir nuevas formas de gestión y hacer el uso más responsable de los recursos que el Estado les entrega.

Junto con el deber de los universitarios, al Estado corres­ponde reconocer el significado que tienen sus universidades en la configuración de lo público y en la producción del bien co­mún. Ese reconocimiento debe reflejarse en un trato especial del Estado hacia sus instituciones de educación superior, en el que se establezcan los derechos y deberes que requieren ser cumplidos por ambas partes. Esta reciprocidad es un elemento fundamental del nuevo trato del Estado con sus universidades.

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