Por José Manuel Cebreros Delgado*
Cuando escuchamos la palabra de defensores de derechos humanos se nos viene a la mente que son las personas que se encargan de defender a las personas contra los actos de autoridad que son injustos para los gobernados.
En este tema hay que resaltar que la labor de los defensores de Derechos Humanos es Legítima y para ello tienen el respaldo de la Constitución y del Derecho Internacional, por lo que insistió en que el deber de los gobiernos federales y estatales el de garantizar su derecho a trabajar por los débiles.
Sobre todo debido a que lamentablemente, el entorno en el que desarrollan sus actividades se ha visto afectado a nivel internacional, nacional y local, debido principalmente por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, por esas situaciones tan lamentables que no deberían de pasar se debe de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Hay que reconocer la labor de las defensores de derechos humanos, ya que son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos; impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El papel que juegan las defensoras / los defensores de derechos humanos es central para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos.
Es lamentable que a pesar de la labor fundamental que realizan a favor de la sociedad, en algunas ocasiones sus actividades hayan implicado un riesgo, ya que en muchos países las personas y las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, a menudo están expuestas a amenazas y acoso, y padecen inseguridad como resultado de esas actividades; incluso mediante restricciones de la libertad de asociación o expresión o del derecho de reunión pacífica, o abusos en los procedimientos civiles o penales.
Señalando que estas amenazas y acoso repercuten negativamente en su labor y su seguridad.
A pesar de que el 9 de diciembre de 1998, la Organización de las Naciones Unidas emitió resolución 53/144, donde se aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”; en abril del año 2000.
Cierro este documento diciendo que las autoridades tienen el deber de garantizar la protección de este grupo social así como el de todos los gobernados para que puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión, y para que puedan proteger sus derechos y los de sus familiares a la vida y a la seguridad e integridad personales.
*Maestro en estudios Parlamentarios, Académico de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y Consejero de la CEDHS
