La Información como reto para el siglo 21

Por Adrián García Cortés*

Hay en el decálogo periodístico una norma inexcusable: ¡la mala información se combate con buena informa­ción! Una cuestión surge inmediatamente: ¿quién ge­nera o debe generar la mala o la buena información?

En el siglo de la información, como se ha calificado al 21 que nos plantea un presente conflictivo, dicha cuestión debiera es­tar ya más que resuelta, pero no en los apotegmas o preceptos éticos que obligan al discernimiento, sino en la operatividad de la información misma, cosa que no ocurre, sobre todo en las estructuras del sistema político que nos domina.

Tan conscientes hemos sido de esta realidad, que en los últimos 35 años al nivel de ensambles legales se han creado instituciones que tienden a garantizar la efectividad de la in­formación.

Garantizar el acceso a la información

Por principio, se añadió al artículo sexto de la Constitución de la República la obligatoriedad de “garantizar el acceso a la in­formación”. Y aunque el gobierno de López Portillo empren­dió un modelo para el acceso a la información, la Constitución no tuvo ley reglamentaria sino hasta dos décadas después. A partir de entonces, se fundaron organismos en todos los ni­veles del poder público para hacer dizque efectivo el “acceso a la información”.

Pero la información no fluye, proveniente del sector pú­blico como primer obligado, porque los cuerpos instrumenta­dores nunca tomaron en cuenta que un “acceso a la informa­ción” requiere de informadores, y de esos ninguna legislación se ocupa, como tampoco la información misma que está en los documentos, en los archivos y en los operadores de éstos, a los que nunca se les mira como apoyos necesarios para res­paldar la información.

Estas buenas intenciones de un sector del sistema, no se manifiestan en las estructuras políticas de las que el sector público se vale para informar a la sociedad. Las llamadas áreas de comunicación social, que debieran ser las privilegia­das en el oficio de informar no están a cargo de informadores, y ni siquiera en ellas se integran quienes puedan cumplir con esa tarea.

La información no va; no hay quien informe

Las oficinas de “acceso a la información” se limitan a trasla­dar las solicitudes ciudadanas a los generadores de informa­ción o a quienes custodian los archivos documentales. Pero no investigan, no están al día en el acopio informativo y ni siquiera se coordinan con quienes pueden ser coadyuvantes en la transparencia buscada.

Ocurre a menudo, que los titulares de comunicación social sólo se ocupan de cuidar la imagen del titular que los contra­tó. Pero no van más allá, porque todo se lo dejan a los funcio­narios del quehacer público, y sobre sus respuestas, siempre acotadas por razones obvias porque tampoco tienen infor­madores, resuelven lo que en los plazos de ley se señalan.

Por otra parte, esa falta de informadores que adolecen las instancias públicas, casi siempre se quiere encubrir culpando a los medios informativos de la mala información. Los medios, a su vez, ante la cerrazón, o incompetencias de los supuestos informadores públicos, tampoco se empeñan en formar especialistas en las materias que abordan, y se conforman o se mutilan a sí mismos con las entrevistas de banqueta, de teléfono o decires de quienes más cerca tienen, porque saben que acudir a la fuentes primarias siempre se toparán con que no tienen la información al día, que los documentos o archi­vos no están ordenados ni disponibles, porque nadie o muy pocos se ocupan de darle atención a esa tarea.

Solo malas noticias: y las buenas ¿cuÁndo?

Llegamos, así, a la cuestión de que sólo leemos u oímos por radio y televisión, las malas noticias, porque no tenemos bue­nas noticias, ni quien las sepa informar. Y unos a otros, como en las prácticas de beisbol, se tiran la pelota para probar quien cacha mejor.

Y aun más, no sobra quien diga, en defensa de los medios y de las fuentes políticas, que al ciudadano, lector de impre­sos, oidor de ondas sonoras o veedor de imágenes, sólo lo mueven las malas noticias: una especie de “amarillismo” bien programado por la complicidad de quienes tienen que emi­tir la información y de quienes sólo las transfieren al público, aunque en ocasiones éstos las embetunen con opiniones pro­pias, vengan o no vengan al caso, porque de alguna manera hay que llenar espacios, tiempos y audiencias.

Nos quejamos, por ejemplo, de que Sinaloa ha ganado, gracias a la expansión informativa de los medios, fama de violento, de inseguro, de narcotráfico, de delincuencia or­ganizada. Pero, uno se pregunta: ¿hay quien dé la cara para asumir la responsabilidad de informar qué es lo que realmen­te está pasando? ¿Dónde están los informadores capaces de decirla a la sociedad cuáles son las causas, cuáles las razones porque se haya incrementado la violencia y los giros negros, y por donde ir en busca de soluciones que abracen a toda la población y no a determinadas instancias que por la fuerza de las armas quieran imponer la paz?

Que Dios protege a los malos porque abundan

Pareciera que para alcanzar un nivel aceptable de informa­ción, habría que empezar por revisar la legislación que atañe al bien informar. Una legislación que haga posible la coordi­nación entre los responsables del “acceso a la información, las jefaturas de comunicación social, las áreas generadoras de información y los ordenadores de documentos y archivos, buscando, en primer lugar, que no se ignoren unos a otros, y que en todos los ámbitos de su ejercicio, lo que predomine sea la información buena para combatir a la mala.

Al menos que nos conformemos, como dice un refrán espa­ñol: ¡Y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege más a los malos porque son más que los buenos!