Editorial

Editorial: N° 2

Por domingo 6 de junio de 2010 Sin Comentarios

Por Redacción*

Uno de los grandes pensadores sobre la cultura en nuestro país define a México como una suerte de “crisol” en donde han contribuido todas las razas, desde los que llegaron del viejo mundo y de quienes formaban el llamado nuevo mundo. José Vasconcelos llamó “raza cósmica” al mestizaje que provocó la confluencia de éstas culturas y que dio origen a la cultura mexicana.

Con los antecedentes milenarios de nuestro proceso de formación como país y con las  transformaciones sufridas durante los grandes movimientos de independencia, reforma y revolución se han ido decantando nuestros rasgos, dando origen a la aceptación de que somos parte de un gran mosaico cultural producto de dicha fusión y proceso social.

Recientemente se han producido reformas y adiciones al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde, a partir del 30 de abril de 2009, establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”, por lo que “El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus  manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.”

En este mismo tenor, existen 32 leyes de cultura, la de Sinaloa publicada el 13 de agosto de 2008, en donde las legislaturas estatales definen a la cultura como un derecho de todos y todas.

Además, si consideramos que el desarrollo cultural es uno de los grandes indicadores de la calidad de vida, importante será a partir de esto los mecanismos que se establezcan entre la federación, estados y municipios para darle vigencia a éste precepto constitucional y que nos permita proteger, acrecentar y difundir el gran patrimonio cultural, tangible e intangible, con que contamos y que conforman la identidad multifacética de las regiones de México.

En Sinaloa otro paso significativo para avanzar en este aspecto sin duda será la de proporcionar a los municipios derechos y obligaciones, que hoy prácticamente no existen en la normatividad municipal, para que contribuyan a darle certeza a este nuevo derecho de los sinaloenses.

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